Algo curioso de muchas de las personas que se atreven a dar un concepto sobre si UBER es legal o ilegal es el hecho de opinar a partir de la emoción y no de la razón, del odio que les despierta la palabra taxista. Y lo mismo pasa desde el otro lado, cuando un conductor de taxi dice que Uber es ilegal sin siquiera haberse tomado el trabajo de leerse los términos y condiciones del servicio, o mostrando un total desconocimiento del principio de la neutralidad en la red.
Pero si en muchos casos hablamos de taxistas que ni siquiera tienen educación básica completa, ¿cómo les vamos a pedir que se lean unos términos y condiciones? Eso es mucho pedir. En el peor de los casos, su raciocinio los lleva a pensar que es más efectivo salir a quemar vehículos por simple sospecha.
Pero no nos hagamos los que esto no tiene nada que ver con nosotros. Que levante la mano el que se leyó de comienzo a fin los términos y condiciones de todos los servicios que utiliza. Nadie se leyó las no sé cuántas páginas necesarias para crear un Gmail. Estamos hablando de muchas empresas que nos prestan un servicio gratuito literalmente, a cambio de que les dejemos explotar nuestros datos. O incluso pagando, como es el caso de Uber, ignoramos por completo el contrato suscrito entre nosotros y estos gigantes de la Internet.
Y ahí es que uno se pregunta: ¿cómo alguien da su opinión desde una posición emocional sobre temas tan delicados, sin tomarse la molestia de ir a ver lo que ya está escrito desde un punto de vista legal? Según esto, no nos debería extrañar que haya legisladores en el Congreso queriendo decidir por nosotros con la mano en la biblia y no en la constitución, que fue lo que pasó justamente hace unos días en Colombia con el tema de adopción por personas solteras y parejas del mismo sexo. El Congreso es el fiel reflejo de la sociedad a la que representa.
Hace unos días Noticias Caracol preguntó, de forma irresponsable, si se debía gobernar con la fe o con las leyes (tweet abajo). Lo hicieron desde una cuenta de Twitter con una tribuna de 7 millones de seguidores. Digo que esto fue de manera irresponsable no solo por el número de respuestas, sino de réplicas en forma de RT, desconociendo por completo nuestra constitución política y la existencia de un Estado Laico. Cuando esto se pone en tela de juicio, estamos dando vía libre para que la fe aplaste todo lo que por fuera de ella sea inexplicable, llámese ciencia, evidencia científica, lógica o argumentos.
Por favor lean la Constitución Política antes de hacer este tipo de preguntas. No fomenten la ignorancia, por favor @NoticiasCaracol https://t.co/qIJCYROqeX— Diana Mantilla-Raad (@DiMantilla) 11 de mayo de 2017
Quería hacer esta aclaración solo para que partamos de algo que no deberíamos cuestionar: cualquier política pública que surja en un país civilizado del mundo occidental tiene que partir de argumentos racionales, evidencia científica, derechos humanos y legislación legítima ya existente. Estos cuatro elementos nos deberán llevar a una discusión en la que no tiene por qué ser necesario amenazar conductores de Uber, quemarles sus carros o como solía ser hace unos años intimidar a quienes bajaban música por Internet.
Lecciones aprendidas
¿Qué aprendimos de la época de las descargas de música y películas por Internet? Dos cosas aprendimos: la primera, que la industria cultural estaba desfasada y tenía que cambiar tanto su modelo de distribución como sus precios. De ahí que hayan nacido formatos más baratos en los que dejó de ser necesario el soporte físico. Spotify, Pandora o iTunes nos pueden contar el resto de la historia. La segunda cosa es que siempre hubo una preocupación por mucha gente que se iba a quedar sin trabajo, pues queriendo o no la industria discográfica les daba trabajo a todos los que hacían posible que un Tower Records o cualquier tienda de discos fuera funcional. Es exactamente lo mismo que pasa cuando ponemos a un pequeño librero al frente de Amazon. Amazon puede recortar gastos porque usa tecnología y porque no tiene a nadie detrás de un mostrador.
Ahora bien, podríamos traer esos dos momentos a la discusión UBER vs. Taxistas. Es cierto que la industria de transportes está desfasada en muchos sentidos: usando recursos naturales que algún día se van a agotar, congestionando cada día más nuestras vías públicas, dando pie a la obsolescencia programada en el parque automotor y haciendo crecer la deuda de créditos impagables a quienes compran un carro financiado. Del lado de lo que tiene que ver con el transporte público, muchos de esos problemas comienzan a ser mitigados cuando entran actores como UBER o Cabify, que utilizan tecnología para que haya menos carros circulando, más personas movilizándose y cuestionando la necesidad de tener un auto.
Todo esto nos deja entrever que es cuestión de años para que el transporte público tradicional acabe yéndose a la ruina. Hoy el cupo de un taxi está en caída libre y eso le está haciendo mucho daño a los gremios que se acostumbraron a manejar el negocio como si de una mafia se tratara: el dueño de 5 licencias de taxi que no usa una sola, las renta.
Y esto nos lleva a otro punto importante: ¿por qué diablos alguien se plantearía ser conductor de taxi cuando la tecnología acabará dentro de poco con la profesión? En un escenario ideal, los taxis se convertirán en un servicio de lujo de alto costo con pocos carros circulando, pues pocos conductores de taxi tendrán el poder económico para ser dueños de un vehículo, una licencia y preocuparse por entregar un buen servicio. Todo lo que está pasando en este momento con UBER y Cabify lo que está haciendo es limpiar el mercado de los peores actores involucrados.
¿Qué tiene todo esto que ver con la cuestión de aceptar los términos y condiciones mencionados en el título? Es muy simple. Por un lado, cuando se presta un servicio, uno acepta unas condiciones mínimas de respeto por el mercado, las leyes y los clientes. Todo eso está implícito. Pero hay también una parte explícita que quería discutir y es que nadie se toma en serio esos términos y condiciones. Quién sabe y algún día acaben siendo usados en nuestra contra.
En el caso de UBER, la empresa tiene el poder de desconectar de la plataforma a cualquier conductor o pasajero si se descubre algún abuso o mala conducta de forma reiterada. ¿Qué vas a hacer el día en que UBER decida desactivar de forma permanente tu cuenta?
Uber es solo un ejemplo, y en el peor de los casos nos iremos a Cabify, pero seguiremos siendo vulnerables a que, ante una mala conducta, seamos baneados. Pero ¿qué pasa cuando toda nuestra identidad presente en Internet está amarrada de alguna forma a un servicio en el que un día decidimos aceptar los términos y condiciones (Facebook, Google, Twitter, etc.)?, ¿Qué harás si un día descubres que tu cuenta de Gmail no está más disponible? O si Todas tus fotos de Instagram se borraran, o que WhatsApp decida bloquear tu número en la plataforma. Serías invisible.
En años recientes, las mayores empresas de tecnología se armaron de equipos de abogados como los del Señor Burns para que cualquier persona pudiera usar sus servicios, y a ellos no les pudiera pasar nada. Es el caso de Uber, cuya tecnología pertenece a Uber Technologies Inc, que queda en California, pero en el resto del mundo las personas aceptamos unos términos y condiciones de Uber de los Países Bajos, aun cuando el servicio es prestado de forma local. Hay detrás de los términos y condiciones toda una telaraña que hace casi imposible que una de estas empresas sea amenazada legalmente.
En años recientes, las mayores empresas de tecnología se armaron de equipos de abogados como los del Señor Burns para que cualquier persona pudiera usar sus servicios, y a ellos no les pudiera pasar nada. Es el caso de Uber, cuya tecnología pertenece a Uber Technologies Inc, que queda en California, pero en el resto del mundo las personas aceptamos unos términos y condiciones de Uber de los Países Bajos, aun cuando el servicio es prestado de forma local. Hay detrás de los términos y condiciones toda una telaraña que hace casi imposible que una de estas empresas sea amenazada legalmente.
Y a eso es a lo que se enfrenta la justicia cuando intenta detener las actividades de algún servicio de tecnología. A pesar de cualquier orden judicial, la Justicia en Brasil no puede tocarle un pelo a WhatsApp porque hay dos jurisdicciones involucradas: la Justicia de Brasil y la Justicia del Estado de California. Un juez brasilero no puede dar una orden judicial a una empresa de otro país y la empresa de afuera no está obligada a obedecer. WhatsApp ni siquiera tiene oficinas afuera del Estado de California. Su existencia afuera de estos territorios está atada a la instalación de la aplicación en un celular.
De esta forma, en muchos casos, hemos firmado contratos, aceptado términos y condiciones, con empresas enormes que muy seguramente ni existen en el país en el que estamos. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Se bloqueó nuestra cuenta en un servicio gratuito. Buena suerte resolviendo ese problema.
Imagen: Naveed Dadan