Varios debates como el arriba mencionado se están dando en este instante y definirán en el mediano y largo plazo el futuro de Internet y de la economía digital. Puntualmente quiero hablar por ahora de tres casos:
1. La puerta trasera del iPhone a la que el FBI quiere tener acceso, justificando su solicitud en la investigación que hay alrededor del celular de un terrorista muerto. Este celular tiene un PIN de desbloqueo y después de X número de intentos la información adentro contenida no estará más disponible.
2. Las solicitudes por parte de la justicia a las que WhatsApp está expuesto toda vez que un juez en cualquier lugar del mundo requiere los mensajes intercambiados entre personas sospechosas de cometer algún crimen.
3. Las protestas de los taxistas sobre la ilegalidad de Uber.
Es muy fácil tomar una posición en cualquiera de esos debates. Uno podría ser del extremo de ponerse de lado de las empresas de tecnología y decir que el consumidor tiene derecho de escoger, o bien podría también asumir la posición del otro extremo de pretender que este tipo de empresas se adhieran a las normas que existían antes de que hubiera Internet.
Ninguno de los 2 extremos tiene sentido y no van a ayudar a llegar a un punto de equilibrio que beneficie a todos. Como voy a explicar, cada situación tiene que ser cuidadosamente estudiada por personas que sepan del tema y las decisiones deben ser tomadas tomando el punto de vista de cada uno por igual.
Eso no es exactamente lo que pasa cuando el FBI exige una puerta trasera a un iPhone, cuando un juez pide información a la que ni siquiera WhatsApp tiene acceso o a cuando un ministro dice públicamente que Uber es ilegal. Esas decisiones, que afectan a millones de personas, no deberían estar en manos de una minoría (o persona única en algunos casos), y sí de una élite intelectual que entienda el problema (que es como debería funcionar el Congreso de un país civilizado cuando una ley es propuesta).
¿A qué me refiero exactamente con una «élite intelectual»? Pasa que, como funcionan hoy las cosas, un juez que apenas usa Internet para recibir los correos que su secretaria le imprime tiene el poder de dejar incomunicadas a millones de personas, que fue lo que pasó en diciembre pasado cuando durante 12 horas WhatsApp fue bloqueado en Brasil por una orden judicial. Si existiera una élite intelectual que junto con el poder legislativo debatiera este tema con base tanto en las leyes actuales, como con las leyes de países donde ya se reglamentó el tema y con los hechos recientes, nos ahorraríamos dolores de cabeza innecesarios.
Pero ¿por qué innecesarios? Porque para los usuarios es tan simple que, si bloquean WhatsApp, se van a otra plataforma como Telegram que funciona practicamente igual, o bajan un VPN que haga pasar su conexión como la de otro país. Algo así pasó cuando la justicia tumbó Napster a comienzos de los 2000. Para entonces la necesidad de descargar y compartir música se trasladó a otras plataformas como Ares y Kazaa, y esa necesidad todavía existe hoy, solo que alguien logró monetizarla y compensar a los artistas y a la industria.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Uber? Siempre he pensado que los taxistas fueron muy idiotas. Nadie conocía Uber antes de que los taxistas se organizaran diciendo que era un servicio ilegal. En ese momento Uber empezó a ofrecer carreras gratuitas para todo el mundo, lo que le generó popularidad. A final de cuentas, el movimiento anti Uber se convirtió en una enorme campaña de relaciones públicas por la que Uber no pagó un centavo. Varios años después, la lógica de Uber en este momento está basada en meter la mayor cantidad de gente en la menor de cantidad de carros, lo cual en últimas ayuda a descongestionar el tráfico de las grandes capitales. Si Uber es prohibido como con los ejemplos de WhatsApp o Napster, van a pasar un par de cosas: 1. los usuarios migrarán a otras plataformas (¿Lyft?); 2. dejaremos a un lado una medida importante para mejorar el tránsito de las grandes ciudades, y 3. se habrá dejado de legislar alrededor de un tema urgente y necesario.
Al respecto del caso del iPhone, lo mencioné superficialmente hace unas semanas, así que aquí va con más detalle. Por una parte, ya hay ingenieros de Apple amenazando con renunciar en caso de que sean obligados a vulnerar la seguridad del propio sistema operativo que ellos han ayudado a crear. Bien, eso solo le debería preocupar a Apple, que sería la que tendría que dar la cara en caso de que la justicia los obligue a crear esa puerta trasera. Aun así, en el peor de los escenarios, ya existen comunidades de usuarios de iOS que siempre han estado de lado del Jailbreak (modificar el sistema operativo para hacerlo más potente en ciertos aspectos). Si un número significativo de usuarios ve comprometida su privacidad por eventuales decisiones judiciales, ¿qué impedirá a esos usuarios que migren masivamente hacia versiones de iOS con Jailbreak? O peor aún, que Apple apoye a estas comunidades o que nazca una empresa alrededor de esto (como pasó con Cyanogen y Android). Si bien esto último es difícil porque iOS es un sistema operativo cerrado, es un escenario que se podría presentar eventualmente por como están las cosas.
Lo que podemos ver con los casos de WhatsApp, Uber y el iPhone es que el usuario final siempre tendrá un Plan B. Steve Wozniak dijo hace unos días que los chicos malos siempre encontrarán el camino para hacer cosas malas: si un delincuente percibe que WhatsApp no es más seguro para coordinar acciones delictivas, pasará a usar otra aplicación o a comunicarse de otra forma.
Una propuesta justa que podría surgir de todo esto podría aparecer si eventualmente respondemos a la pregunta de: ¿cómo adaptamos las leyes que ya existen hacia estos nuevos escenarios? No se trata de prohibir o forzar que una empresa que apenas existe en el celular de las personas sea obligada a funcionar como un comercio físico. Eso no va a resolver nada y es una cuestión urgente que nuestros gobiernos y legisladores tienen que empezar por entender.
Una vez entendamos que la discusión importante es la arriba mencionada, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿están pagando impuestos estas empresas? Esta pregunta no puede aplicar por igual para todo servicio en Internet. Es diferente Uber o Airbnb que ganan dinero usando propiedades físicas (públicas y privadas) en todo el mundo, a WhatsApp que nadie entiende cómo gana dinero. Sí, claramente usan la infraestructura de las empresas de telefonía, pero si les cobraran por eso, WhatsApp dejaría de ser gratuito y las personas migrarían hacia una plataforma que lo siga siendo. Es decir, no habríamos aprendido nada. Además, los usuarios ya pagan por un paquete de datos a las empresas de telefonía y eso debería ser suficiente.
Con lo mencionado hasta aquí, es evidente que Internet es todavía muy joven, y obviamente su legislación no está tan desarrollada como la de otros medios de comunicación. Lo importante que debemos entender es que la legislación que surja tiene que venir de personas conocedoras en profundidad del tema, y no únicamente de jueces o legisladores que pretendan adaptar forzadamente las leyes que ya existen a productos y servicios que hace 10 años ni siquiera teníamos. En este instante estamos atravesando por una transformación económica tan grande como en la revolución industrial hace 200 años, y hay quienes se niegan a aceptar la realidad de ese cambio. Mientras las leyes no caigan en ese error, no deberíamos por qué preocuparnos.
Nota: una propuesta de cómo Uber/Airbnb (y cía.) debería pagar impuestos: pagar el equivalente a un punto porcentual del IVA del país en el que funcione. Es justo.