“Es de grandes líderes asumir responsabilidades aunque estas traigan consecuencias” 
Luis Carlos Galán, Fundador del Nuevo Liberalismo (1943-1989) 


Si hablamos de la legalización de las drogas, seguramente criminalizaremos esta opción por muchas razones: la más destacada es la idea de que con ello aumentaría su consumo, y traería consigo una pérdida de valores y  principios que fundamentan la vida en sociedad. Sin embargo, en Colombia llevamos más de 3 décadas en una lucha sin cuartel contra las mafias del narcotráfico, donde políticos, jueces, militares, actores armados ilegales, periodistas e incluso civiles ajenos a esa lucha por el control o erradicación del ilícito negocio han muerto a causa de ello. Además, en los países en donde se padecen las consecuencias del narcotráfico se ha optado por una política prohibicionista a un altísimo costo social y económico. Muchas veces, incurriendo en el mal hábito de adoptar lógicas de doble moral, les aterra quienes consumen dichas sustancias, arguyendo la evidente degradación a la que ese tipo de prácticas conduce, pero indirectamente poco les importa la degradación del derecho a la vida –que es un derecho fundamental- impuesta por los diferentes grupos al margen de la ley financiados por ese fenómeno, que cobijados bajo un manto de ilegalidad monopolizan mercados nacionales e internacionales a tal punto de emprender planes de toma de las estructuras de los estados; lo que Luis Jorge Garay llama la configuración mafiosa del Estado y sustento Gustavo Petro afirmando que “el grado máximo de corrupción es la toma mafiosa del estado”.

Por Sebastián Caballero (@_SebasCaballero)

En un país como Colombia, donde padecemos este fenómeno, no podríamos ser la excepción; hechos notorios se han visto a lo largo de esa lucha absurda porque su enfoque ha sido un fracaso: altos funcionarios del estado condenados por vínculos con grupos armados ilegales, ejemplo palpable, es el hecho de que el bloque norte asesino y narcotraficante de las AUC haya recibido como cuota burocrática la dirección del DAS durante un gobierno, desencadenando una serie de delitos de los que aún queda mucho por esclarecer, por una alianza mejor conocida como parapolítica, involucrando también a varios integrantes de la cúpula militar y de diferentes instituciones del estado que destinaron parte de ellas a cumplir funciones en favor del crimen organizado. No se trata de desprestigiar las instituciones del Estado; por el contrario, hay que dar completo respaldo a ellas, ya que son la base de la democracia, pero sí tenemos que tomar conciencia de la capacidad de las mafias para infiltrarlas, y sin temor alguno buscar medidas contundentes que permitan mitigar inicialmente, pero después de un proceso erradicarlas por completo. 

Es ahí donde entra a desempeñar un papel importante el tema sobre la lucha anti droga y sus políticas. Y es que si bien este tema es controversial, después de tantas medidas tomadas desde el génesis de este fenómeno, el panorama que vemos en la actualidad no es nada alentador, con el crimen organizado amenazando nuestra democracia, doblegando voluntades, comprando conciencias, y cercenando las libertades de nuestros conciudadanos. Y aunque el narcotráfico no fue el inicio de la guerra en Colombia, sí la potenció, tanto en grupos guerrilleros como paramilitares que realizan actos terroristas, mantienen sus ejércitos y apoderándose ilegalmente de parte del territorio nacional, y ambos con discursos dogmáticos que presentan como la gran panacea nacional. Después de tantos intentos de erradicarlo, invirtiendo anualmente la cuantiosa cifra de más de 2 billones de pesos, de los cuales el 68% es destinado para la represión, contra un 4.74% en la inversión realizada en la prevención del consumo y la reducción de la demanda, es lo que ha motivado a los sistemas presidencialistas afectados a dar viabilidad al debate sobre la legalización de las drogas, como ya lo había citado el presidente actual de México, Felipe Calderón, y el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien sostuvo en una entrevista en el periódico The Guardian, que hay que buscar un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas. 

«Si eso significa legalizar, y el mundo piensa que esa es la solución, le doy la bienvenida, No me opongo a eso”. Y al igual que aseguró que no quiere ser promotor del debate porque teme a ser crucificado, a pesar de que la intención es buena, y se le reconoce al actual mandatario su valentía al tocar tan álgido tema, no es suficiente contemplarlo simplemente como una opción, sino como algo necesario para tener una regulación en el consumo y de paso arrebatar el poder económico que han acaudalado las mafias, porque la medida atacaría directamente su economía y la desestabilizaría. El legalizar la producción y el consumo de dichas sustancias implicaría contemplar el consumo como un asunto de salud pública, donde se trate al consumidor dependiendo del grado de adicción que tenga como un paciente y no como un criminal, y a su vez con una ardua campaña de concienciación para evitar que aumente el consumo, porque quienes aseguran que la legalidad del hoy ilícito aumentaría el consumo, claramente no han comprendido la magnitud del problema. Sea legal o ilegal siempre se encontrarán en el mercado dichas sustancias adictivas, lo que se trata es de transformar el consumo en un asusto que pueda ser regulado por el estado y no como lo es hoy, algo que evidentemente se le sale de las manos. Cabe resaltar ejemplos de países como Holanda, que han aplicado la medida y otros más respecto al tema, porque aparte de ser un derecho de cada individuo decidir qué modelo de vida adoptar, es una medida que permite establecer un marco legal que las regule.

Además, el hecho de mantenerlo en el ámbito ilegal trae consecuencias atroces como las ya mencionadas, porque desde que exista la ilegalidad va existir la mafia, como lo podemos ver a lo largo de la historia no sólo de Colombia sino del mundo entero. Lo que ocurrió con las leyes prohibicionistas del Opio en China, o las mismas en Estados Unidos con el alcohol, o lo que fueron en su época las mafias que giraron en torno a la ilegalidad del tabaco. Lo que afirmó el actual ministro del interior Germán Vargas Lleras es que Colombia no emprenderá el proyecto de despenalización sin el acompañamiento de otras naciones, ratificando lo suscitado por presidente de la República, porque es que el tema no compete sólo a Colombia o México sino a los demás países afectados por el fenómeno. La legalización debe ser un debate donde se reconozcan responsabilidades compartidas, porque el ilícito afecta tanto a las naciones done se producen como las que la consumen y sin una cooperación de ambas partes sería un fracaso total. En nada beneficia a Colombia o a México la legalización si en los países consumidores sigue vigente la política prohibicionista, lo cual implicaría darle vía libre a las mafias.La idea con esto es de acabarles el negocio por el medio menos dañino para la sociedad, porque no es que la medida sea la mejor, pero entre todas las demás es la menos peor, y por ende no nos debe dar miedo plantear una legalización, así pensemos que vamos a ser crucificados por hacerlo, porque en un país con tantos muertos a causa de esa lucha absurda y mal enfocada, debe ser ese acervo el que nos autoriza para ser promotores de la medida sin temor alguno ante la comunidad internacional. 

La legalización es un arma legal más eficaz y poco letal para las naciones en la lucha contra las mafias, aprovecho para evocar la memoria del inmolado líder y fundador del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, víctima de este fenómeno: “es de grandes líderes asumir responsabilidades aunque estas traigan consecuencias”. El presidente no debe temer a liderar el debate y emprender una cruzada en torno al tema.


 Nota del editor: les dejo este video que hace un tiempo subí a YouTube y que viene al caso, en el que alias ‘Karina’, ex comandante del Frente 47 de las Farc, explica la relación de la organización con el negocio del narcotráfico.
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